Lázaro Cárdenas, Michoacán, 23 de julio de 2020.- El día de hoy, funcionarios públicos del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, acompañados por la fuerza pública, haciendo uso de la fuerza, ingresaron a nuestras instalaciones sin que mediara un acta ni orden para realizar alguna clausura.

Referente a las declaraciones por parte del ayuntamiento, expresando que la compañía no ha cumplido con las actualizaciones del impuesto predial durante los últimos 6 años, por lo que exigen un pago retroactivo por la cantidad de $130 millones de pesos, además del incremento mensual del mismo impuesto, manifestamos lo siguiente:

ArcelorMittal México, ha cumplido, año con año, con el pago puntual del impuesto predial correspondiente de forma bimestral, como la ley lo permite, e incluso ha pagado por adelantado a solicitud del ayuntamiento. De la misma forma, se ha solicitado a municipio los permisos necesarios y ha cumplido con las condiciones, procesos y obligaciones requeridas cada vez que se ha llevado a cabo alguna instalación y/o construcción dentro del perímetro de la compañía. Cabe mencionar que la empresa ha apoyado de forma sustancial en todos los eventos donde protección civil ha solicitado apoyo con equipo técnico y de emergencia.

Desde el día 11 de julio del presente año, la jueza 5ta. de Distrito del Estado de Michoacán otorgó a ArcelorMittal México un amparo en contra de cualquier acto de clausura por parte del ayuntamiento.

Al haberse realizado esta clausura, a pesar de contar con una suspensión provisional en el amparo, las autoridades municipales que hayan ordenado y realizado estos actos caen en un desacato al haber violado las instrucciones del juzgado de distrito y están afectando las garantías de seguridad jurídica, y también el interés general de la sociedad sobre el estado de derecho y dicho acto de desobediencia trae consecuencias serias para los funcionarios públicos dadas las acciones intimidantes que estas autoridades han venido realizando en contra de ArcelorMittal.

Reiteramos que ArcelorMittal tiene una política de total cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que, calificamos este acto como un abuso y desacato a la ley federal. ArcelorMittal reitera que seguirá cumpliendo los compromisos que se encuentren dentro del marco de la ley y seguirá trabajando para mantenerse como una fuente laboral y de bienestar para las más de 8,000 familias de Lázaro Cárdenas que dependen directamente y sus comunidades, así como para los más de 50,000 empleos indirectos que generamos a través de nuestra cadena de valor.